Justicia 2020 como herramienta de cumplimiento de las metas institucionales incluidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en septiembre de 2015 la Nueva Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda sigue el modelo de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015, que contenían diversas metas sociales a cumplir por los países miembro de la organización, pero con la novedad de la inclusión de objetivos en materia institucional. La Nueva Agenda está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y metas e indicadores específicos para diferentes áreas en el período 2015-2030.

En particular, el ODS 16 propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Este objetivo contempla 12 metas de transformación y fortalecimiento de las instituciones. Justicia 2020 – como plataforma de transformación del sector justicia en la Argentina – toma estas metas para transformarlas en iniciativas de políticas públicas debatidas y consensuadas con la sociedad.

El trabajo del gobierno y la sociedad civil en el Programa Justicia 2020 establece definiciones de políticas públicas que incluyen metas cualitativas y cuantitativas, e indicadores de cumplimiento concretos y específicos. La Argentina se ofrece así como un país líder para la implementación y medición de objetivos de desarrollo institucionales en la comunidad global.

Los objetivos de transformación institucional incluidos en Justicia 2020 en coincidencia con la Agenda 2030 son los siguientes: reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas;  poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños; promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas; fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados; luchar contra todas las formas de delincuencia organizada; reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas; crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles; garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles; garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales; fortalecer las instituciones nacionales pertinentes para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia; y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.