Eje Institucional

Equipo: Transparencia y lucha contra la corrupción

Lucha contra la corrupción

Esta iniciativa promueve el debate sobre la implementación de nuevas prácticas y reformas de normativas para prevenir y combatir actos de corrupción.

Se advierte la necesidad de generar mayor cooperación entre el sector público y el sector privado, y de incrementar la capacidad del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial de la Nación para detectar, investigar y sancionar los casos de corrupción. También se advierte la necesidad de modificar pautas culturales y prácticas que fomentan la corrupción.

Apuntando a incorporar herramientas de transparencia y control en los procedimiento en el que el Estado otorgue una contratación, concesión, autorización y/o habilitación, entró en vigencia el Decreto 202/2017 que determina que todas la personas que quieran ser proveedores deberán presentar una Declaración Jurada de Intereses consignando si tienen vínculos con el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros o titulares de organismos descentralizados, o con el funcionario encargado de decidir sobre la contratación o autorización. La OA es quien analiza, dictamina y capacita sobre este procedimiento.

Al mismo tiempo, y a efectos de generar una mayor cooperación entre los sectores público y privado para prevenir y combatir la corrupción, el 8 de noviembre de 2017 se sancionó la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria, que entró en vigencia el 1° de marzo de 2018. Su objetivo es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas puedan evitar la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal.

Desde la Oficina se vienen desarrollando diversas actividades de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública. En ese  marco, la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, brinda capacitaciones presenciales o virtuales de los diferentes temas mencionados. Durante el primer semestre de 2018 se capacitaron cerca de 2000 empleados y funcionarios públicos en cuestiones vinculadas a integridad, ética pública y régimen penal para la lucha contra la corrupción.

Entre los logros más relevantes de esta iniciativa puede destacarse que, a efectos de generar mayor cooperación entre los sectores público y privado para prevenir y combatir la corrupción, el 8 de noviembre de 2017 se sancionó la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Además, el 16 de febrero de 2017 entró en vigencia el Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos y Viajes Financiados por Terceros, que fuera aprobado por Decreto 1179/16. A través de dicho decreto se reglamentó la prohibición de recibir regalos o donaciones con motivo o en ocasión del desempeño de la función pública, se precisó el alcance de las excepciones (cortesía o costumbre diplomática) y se estableció la obligación de registro y de su eventual incorporación al patrimonio del Estado. Asimismo, se creó el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos y el Registro de Viajes Financiados por Terceros, que funciona en el ámbito de la Oficina Anticorrupción.

Responsable: Analía González – Oficina Anticorrupción,  y Paula Alejandra Granada – Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas.




¿Sabías que la Oficina Anticorrupción con el objeto de impulsar y promover la implementación de políticas preventivas y de lucha contra la corrupción en cada uno de los organismos públicos de la administración nacional, está formando una Red de Enlaces de Integridad para que se constituyan en un canal habitual y directo entre el organismo donde se desempeña y la Oficina Anticorrupción, en aquellas cuestiones vinculadas a la promoción de la ética e integridad en la función pública?

¿Sabías que desde el 14/02 se encuentra –para su lectura, análisis y debate- un documento que se somete a discusión con el objetivo de obtener un proyecto de reforma integral de la Ley de Ética Pública?