Eje Penal

Equipo: Fortalecimiento de la Investigación Criminal

Reforma Procesal Penal Federal

El objetivo de esta iniciativa  es dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia un sistema acusatorio en el que la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad sean la guía de los procesos judiciales.  Se busca desformalizar y agilizar los procesos y generar mejores resultados en la gestión judicial.

La complementación del nuevo CPPF supone un cambio del paradigma de gestión judicial que implica la modificación de estructuras organizacionales, dinámicas institucionales y un cambio cultural en los operadores de la justicia y en la comunidad en general. Se trata de un proceso complejo que involucra a diferentes actores y del que dependen los alcances y resultados de la reforma.

En el marco de esta iniciativa, el Programa Justicia 2020 se impulsó la reforma el código procesal penal, que se concretó con la sanción de la ley  27.482  y  que sustituye su denominación por Código Procesal Penal Federal.

El nuevo Código Procesal Penal Federal  (CPFP) asegura que tanto la víctima como el acusado cuenten con las garantías de un juicio justo, rápido e imparcial. El objetivo de la reforma es lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes a través de investigaciones y juicios ágiles e inmediatos.

El nuevo CPPF incorpora cuatro principios:

– Celeridad: los casos deben resolverse más rápido. Distintos relevamientos muestran que la lentitud con la que se tramitan las causas es el principal motivo por el que la ciudadanía se queja.

– Oralidad: más audiencias orales contra menos papeles. En relación al objetivo de celeridad, la oralidad permite prescindir del expediente tradicional, por lo que se aceleran los tiempos. Además, enfrenta cara a cara a las partes con el juez.

– Publicidad: la sociedad debe poder acceder a las audiencias y publicaciones.

– Desformalización: menos exigencias administrativas y procesales, para que se agilicen los trámites, evitando temas burocráticos innecesarios.

Una de las modificaciones más importantes del nuevo CPPF es que abandona el llamado sistema mixto de acusación penal por uno “adversarial o acusatorio”, donde el principal componente es la oralidad. El nuevo CPPF busca que el acusador y el acusado sean protagonistas del proceso (esto es, un sistema adversarial). En dicho sistema, el fiscal dirige la investigación y el juez juzga y se asegura de que sean respetados los derechos y garantías de ambas partes.

Según el Código Procesal Penal aún vigente, los jueces de instrucción dirigen las investigaciones y toman las decisiones. Con el sistema acusatorio previsto en la reforma procesal penal, esta forma de llevar adelante el proceso cambia y la función de investigar recae en los fiscales. Se lo llama sistema acusatorio adversarial porque tiene que ver con las tres partes que intervienen en el proceso: el juez, la defensa y la fiscalía. Es adversarial porque existe una oposición entre un defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación. Es acusatorio porque brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal para poder avanzar en la investigación y que el juez observe de forma imparcial el proceso.

De este modo, la investigación criminal queda a cargo de los fiscales. No es un cambio menor, ya que implica una modificación de los roles de los miembros del sistema penal. Implementarlo requería que se hicieran las capacitaciones pertinentes y que los actores involucrados, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, se reorganizaran internamente.

El objetivo es que los fiscales puedan avanzar en su labor investigadora, sin quitarle espacio a la defensa. Esta deberá poder acceder a toda la información de la causa. Todos deben tener pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en el proceso.

Hay causas que abarcan más de un tipo penal, como ocurre en el fuero federal. Ese hecho suele volver a las causas más complejas y hacer más difícil el camino para los jueces que, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad. Una vez que se implemente la reforma, el juez solo va a ser juez. Al convertirse en un juez de garantía, no podrá solicitar medidas probatorias en cualquier momento del proceso.

Este nuevo Código, por otro lado, busca que la víctima, aun cuando no sea querellante, pueda participar del proceso junto con el fiscal y el juez, que su rol sea central en todo el proceso. Podrá exigir medidas durante la investigación de los delitos, ya que su rol se vuelve mucho más activo. Si esta misma víctima se viera afectada por una decisión judicial, tal decisión debe serle comunicada antes. Siempre, tendrá, además, el derecho a ser escuchada previamente.

Se incorporan derechos fundamentales para la víctima y el victimario. El principio de libertad va a regir siempre para el procesado, salvo que exista riesgo de entorpecimiento de pruebas o peligro de fuga. A las víctimas, por su parte, se les brindará apoyo psicológico y medidas de seguridad.

El gran desafío de este Código es poder vencer a las organizaciones delictivas y dar a los fiscales herramientas para poder avanzar en las investigaciones y llevarlas a juicio. Se tienen que organizar de otra manera, tienen que trabajar con otras dinámicas, que permitan realmente hacer frente a la criminalidad”.

Se espera que este nuevo Código permita reducir los plazos, que, dentro de los seis meses o el año, los casos puedan estar en juicio. El nuevo código también prevé medidas especiales de investigación, como el arrepentido, el agente encubierto, mecanismos de monitoreo electrónico y demás, que permitan realmente poder hacer frente a estas organizaciones criminalísticas tan sofisticadas

Responsable: Ariel García Bordón – Coordinador de la Unidad de Asistencia a la Reforma Procesal Penal.

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¿Sabías que en la iniciativa Reforma Procesal Penal Federal se están compartiendo las propuestas relacionadas a la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal Federal?