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Garavano: “La reforma del Ministerio Público permitirá avanzar hacia el sistema acusatorio”

El ministro respaldó en el Senado el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público fiscal y del de la Defensa

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, participó hoy del debate sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, en la Comisión de Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino, tras un amplio consenso logrado con todo el arco político.

La iniciativa, que  cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo nacional, fue presentada el viernes pasado con las firmas del presidente provisional del Senado Federico Pinedo, el senador radical Ángel Rozas; el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y el legislador salteño Rodolfo Urtubey.

Durante su exposición en el Salón Illia de la Cámara alta, Garavano explicó que el proyecto lo que hace es “generar mecanismos de controles y contrapesos en la figura del Ministerio Público” y remarcó que “El nuevo rol que tiene que tener el defensor es liderar la persecución penal de un Estado, la política criminal que ayude a combatir el narcotráfico y la corrupción. Son cambios necesarios para poder avanzar hacia el sistema acusatorio”, indicó.

En la misma línea, resaltó como uno de los puntos más significativos de la reforma es el límite a la duración del mandato: “Se establece un plazo de cinco años, con la posibilidad de una prórroga para continuar por dos años más”, precisó Garavano, en relación a la norma que actualmente fija la permanencia tanto del titular de la Procuración como del de la Defensoría General de la Nación hasta los 75 años.

El ministro agregó que “hoy casi todas las jurisdicciones provinciales ya tienen plazos, lo mismo sucede en países de la región como Chile, Colombia, Perú y Guatemala. Ahí  tenemos un primer avance donde la experiencia nacional e internacional genera un fuerte consenso de que va en la dirección correcta”, señaló.

Garavano también aclaró que “el proyecto  de ley de ninguna manera elimina fiscalías”, sino que le da la posibilidad al nuevo procurador de evaluar las que están y establecer prioridades.

La designación tanto del procurador como del defensor se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,  es decir 37 votos.

Sobre el proceso de remoción, Garavano adelantó que por tratarse de un periodo de cinco o siete años y no vitalicio, “requiere mayorías más ágiles, que permitan que rápidamente que se haga la sucesión del funcionario”.

En este punto, el proyecto prevé el voto de la mayoría absoluta de los senadores y de la mayoría de los diputados presentes. Frente a una iniciativa de remoción, el procurador quedará inmediatamente suspendido en sus funciones y el Senado deberá decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo. Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.

En relación a los traslados de los fiscales y defensores, la iniciativa establece un plazo mínimo de 5 años de permanencia en el cargo para el que los fiscales y los defensores fueron designados, evitando  abusos que desvirtúen el acuerdo otorgado por el Senado para el ejercicio de la función en un ámbito territorial determinado.