Justicia 2020 está orientada a la comunidad con el objetivo de ofrecer respuestas funcionales, eficientes y rápidas a sus necesidades.

El acceso a la justicia es un derecho básico y fundamental de todas las personas. Se dará prioridad a las poblaciones vulnerables y a las zonas postergadas, poniendo énfasis en la justicia inmediata y creando nuevos centros para el acceso a ésta en todo el país.

Incorporar la utilización de tecnologías abre nuevas posibilidades para el acceso web e intercambio de información entre las personas y la justicia en todo el territorio, mejora la comunicación con la ciudadanía y facilita el conocimiento y la comprensión de la información jurídica.

El servicio de justicia debe funcionar los 365 días del año, en horarios amplios y cómodos para la población.

Justicia 2020 se orienta fuertemente a la atención y protección de víctimas del delito. Se refuerzan los mecanismos existentes para brindarles asistencia jurídica, psicológica y social, y se generan nuevos programas de alcance nacional para apoyar a las poblaciones vulnerables, las víctimas de violencia de género y de trata de personas. También se le da a la víctima mayor participación en los procesos judiciales, para que su opinión sea tenida en cuenta por los jueces.

La utilización creciente de soluciones tempranas y métodos alternativos de resolución de conflictos, especialmente en la justicia civil, ayuda a lograr acuerdos construidos por las partes que satisfagan las necesidades de los involucrados, ahorrando los recursos económicos y  el tiempo que requiere una sentencia judicial tradicional.

Las reformas procesales potencian el acceso a la justicia. Los juicios orales transforman el sistema lento e ineficiente en uno más ágil, sencillo y accesible para la gente. El vocabulario judicial de los procesos escritos, anticuado y complejo, se transforma en uno comprensible para el público en el sistema oral.

Los Derechos Humanos se convierten en un punto de encuentro para el desarrollo social y una herramienta de solución de conflictos. Se incorpora un enfoque construido en base al respeto de la diversidad y el diálogo para fomentar la convivencia pacífica, recogido y sistematizado en un plan nacional integral.

Se promueve la adopción de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo con los tratados internacionales de los que la Argentina es parte activa y comprometida. Se otorgan las garantías necesarias de continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y de profundización de derechos para los sectores vulnerables de la población.

Justicia 2020 genera políticas de prevención contra la violencia institucional y establece estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia. Fomenta la creación de mecanismos para la contención en situaciones de catástrofe y emergencias, y establece mecanismos de acción rápida al detectar situaciones que afecten los Derechos Humanos.

Se propone un cambio de enfoque respecto a los pueblos originarios y la construcción de una política de Estado activa y presente que los incorpore a la comunidad como verdaderos sujetos de derecho. La relación con ellos no debe basarse en el asistencialismo, sino que se debe tener en cuenta el respeto a sus costumbres y a la propiedad comunitaria de la tierra, que son derechos especialmente recogidos por la Constitución y otras normas nacionales e internacionales.

Trabajar de manera intensiva en el aspecto social da cuenta de otro factor importante: la justicia no sólo existe en los juzgados y las sentencias, sino que debe ser promotora de una mejora permanente para la calidad de vida de la gente.