Justicia 2020 propone una administración de justicia independiente y transparente, para la cual es necesario asegurar la autonomía de los jueces, fiscales y defensores, que deben poder realizar sus tareas sin presiones políticas ni de otro tipo.

Para garantizar soluciones efectivas a la población, los actores deben tener roles claros y definidos institucionalmente para limitar potenciales excesos de poder.

El Consejo de la Magistratura debe respetar el equilibrio de las fuerzas políticas y la representación técnica de jueces, abogados y académicos establecido en la Constitución, a fin de evitar que los procesos de designación y remoción de jueces se politicen.

Justicia 2020 promueve la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción. El acceso a la información pública dependiente de los poderes judiciales y los distintos registros bajo la órbita del Ministerio y otras jurisdicciones permite controlar la gestión de los funcionarios públicos y su rendición de cuentas.

En materia de gobierno abierto, Justicia 2020 impulsa estadísticas transparentes del sistema de justicia que permitan tomar decisiones de política judicial con sustento técnico, propio de un Estado serio y moderno. Se mejoran los mecanismos de recopilación de datos para unificar y consolidar la información de los distintos sistemas judiciales provinciales y nacionales, y hacer comparable la situación de la Argentina con el resto del mundo.

Las estadísticas permitirán elaborar indicadores de la administración de justicia y realizar mejoras estructurales donde se detecten fallas.

Al abrir las bases de datos al público en general, Justicia 2020 asegura mayor control por parte de los distintos sectores de la sociedad, principalmente por las ONG, la comunidad académica y el periodismo.

La incorporación de herramientas de coordinación interinstitucional e instrumentos de control en todos los niveles ayudará a garantizar la transparencia de los procesos y de la gestión pública en general.

La independencia y la transparencia le darán previsibilidad a la justicia, lo que le garantizará a la población que las respuestas que obtenga sean rápidas, satisfactorias y de calidad institucional.

Las reformas contribuirán a fortalecer la confianza en los principios, normas y procedimientos del Estado.